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La fortuna de Máximo Kirchner es varias veces superior a la declarada

Casas, departamentos, terrenos y locales distribuidos por todo el país presentaron una cotización oficial hasta 25 veces menor que el valor de mercado, por lo que su patrimonio podría ser varias veces mayor a los 400 millones que figura en su declaración jurada.

El diputado nacional Máximo Kirchner presentó recientemente su declaración jurada del año 2020, la cual argumentó un incremento de más de 100 millones de pesos con respecto a la del 2019, en lo que implica un ahorro o capitalización de 9 millones de pesos mensuales en un país que tiene actualmente a 19 millones de personas por debajo de la línea de pobreza.

Más allá del debate político sobre qué tipo de identificación puede tener un dirigente político que posee ahorros por medio billón de pesos con su electorado pobre y rozando la indigencia, o el insólito hecho de que el joven y multimillonario diputado prácticamente no presenta currículum alguno en cuanto experiencia laboral, llama la atención las cotizaciones de las propiedades descriptas en la declaración jurada, todas muy por debajo de su verdadero valor de mercado.

En total, Máximo Kirchner aseguró tener 26 propiedades. Se trata de cinco casas en Río Gallegos, dos departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diez departamentos en Río Gallegos y una casa, seis lotes y dos locales en Calafate. Además de ello posee dos vehículos amortizados al 100 por ciento, derechos reales por más de 12 millones de pesos, una cuenta corriente con 168 mil pesos, una caja de ahorro con 516 mil dólares, depósitos en efectivo por 233 mil dólares más y un depósito por 288 mil pesos.

Por otro lado, el hijo de Cristina Fernández de Kirchner tiene además el 55 por ciento de las acciones de Los Sauces SA, que según él representan 6.7 millones de pesos, el 50 por ciento de Hotesur SA, por otros 10 millones y el 50 por ciento de la compañía CoMaSA, por 94 mil pesos.

La declaración jurada de Máximo Kirchner, al igual que la de la enorme mayoría de los dirigentes políticos, resulta engañosa. Por ejemplo, el diputado nacional valuó los departamentos de Río Gallegos en un promedio de 360 mil pesos cada uno. Una simple búsqueda en el mercado actual, arroja que un departamento de las mismas características y en la misma ciudad oscila en los 50 mil dólares, que al valor del dólar de hoy corresponden a 9 millones de pesos. De este modo, los diez departamentos de Kirchner, lejos de representar 3.6 millones de pesos, representan 90 millones, lo que implica un valor 25 veces más caro que el declarado.

Del mismo modo, aseguró que su departamento de 160 metros cuadrados en Capital Federal tiene un valor aproximado de 900 mil pesos, mientras que, en mercado y dependiendo del barrio, parte de una base de 85 mil dólares y puede ascender hasta los 400 mil. Es decir, entre 15 y 72 millones de pesos. La estrategia consiste en tomar únicamente el valor fiscal de los bienes, usualmente muy por debajo del real, a la hora de confeccionar la planilla de la declaración jurada. Si bien es perfectamente legal, es como mínimo engañoso.

La mayoría de los bienes que ostenta Máximo Kirchner corresponden a la sucesión de Néstor Kirchner y a una inusual movida de tinte judicial: su propia madre, Cristina Fernández de Kirchner, se desprendió anticipadamente de gran parte de su patrimonio en favor de sus hijos Máximo y Florencia en la misma época en la que comenzó a ser investigada por la Justicia por corrupción y enriquecimiento ilícito.

En efecto, las acciones que Máximo tiene de los hoteles Hotesur y Los Sauces corresponden a dos emprendimientos actualmente investigados por la Justicia Federal en la causa penal 11352/2014, en la que se estudian posibles irregularidades y lavado de dinero del matrimonio Kirchner.

Luego del secuestro de documentación realizado durante varios allanamientos ordenados por el juez Julián Ercolini y la investigación sobre Romina Mercado, presidenta y directora titular del directorio de Hotesur, se habrían utilizado ambos hoteles para lavado de activos durante cuatro años consecutivos. Numerosos empresarios, entre ellos el procesado Lázaro Báez, alquilaban habitaciones sin nunca ocuparlas, lavando así el dinero proveniente de sobreprecios en la obra pública.